Por: Rusly Cachina, Redactora LGTBIQ+ y voz de las realidades migrantes.
Llegamos a España con la promesa de una Ley Trans que se vende en los escaparates internacionales como un faro de libertad. Llegamos creyendo que este suelo, a diferencia del nuestro, no nos pedirá perdón por existir. Pero la realidad, esa que aquí en el periódico nos empeñamos en poner sobre la mesa aunque escueza, es que para las mujeres trans migrantes, España no es un refugio; es un laberinto burocrático diseñado para expulsarnos.
Hoy pongo el foco en Aliss Johanna Daza Echeverri. Su caso no es solo una negligencia administrativa; es un acto de violencia institucional pura. Aliss llegó el 29 de junio de 2022 buscando seguridad, y hoy, 17 de abril de 2026, tiene una cuenta atrás de 15 días para ser expulsada. ¿Su delito? Que el sistema no sabe —o no quiere— gestionar una identidad que ya fue legalizada en su origen pero que la justicia española decide criminalizar.
I. La lucha legal de Aliss Johanna Daza, el laberinto del nombre: Cumplir la ley para ser castigada
La Ley Trans española es clara con nosotras: si queremos que nuestra identidad sea respetada, debemos traer los deberes hechos desde nuestro país de origen. Aliss, valiente, lo hizo. El 13 de mayo de 2016 cambió su nombre en Colombia. Nueve años después, al intentar tramitar su residencia (proceso que inició el 4 de diciembre de 2025), la maquinaria del Estado se volvió contra ella.
Un error en el apostillado de la Cancillería —donde figuraba su nombre anterior junto al actual— fue suficiente para que la maquinaria policial la señalara. No buscaron la lógica de una transición; buscaron el castigo.
— Aliss, te acusan de falsedad documental y usurpación de identidad. ¿Cómo es el momento en que la Guardia Civil la trata de criminal por un error de una oficina en Colombia?
«Es una sensación de impotencia que te desgarra. Les enseñé la escritura pública de 2016, les enseñé el registro civil de Colombia, les mostré mi cambio de nombre legal… incluso les puse delante mi NIE español. Pero ahí está la primera bofetada: mi NIE tiene mi nombre de mujer, Aliss Johanna, pero el Estado español me obliga a marcar ‘género masculino’. Para ellos, soy una anomalía que no encaja en sus carpetas.»
II. La desidia institucional: Cuatro años de silencio absoluto
Mientras el Estado corre para deportar, camina a paso de tortuga para proteger. Aliss descubrió en el juzgado la prueba definitiva del abandono: su solicitud de asilo, el documento que debería haberle dado paz desde 2022, llevaba cuatro años sin ser siquiera revisada. — Has descubierto que tu expediente de asilo dormía en un cajón mientras la orden de deportación se firmaba en tiempo récord. ¿Sientes que el sistema español te ha tendido una emboscada?
«Totalmente. Cuando la funcionaria sacó mi carpeta y vio que nadie la había tocado en cuatro años, sentí que mi vida no valía nada para ellos. Me exigen estar a derecho, me exigen papeles, pero ellos no cumplen con su parte. Y ahora, por un error de un sello, me dicen que tengo 15 días para irme. Se agarran a una falsa denuncia que aún no ha ido a juicio, ignorando mi presunción de inocencia, solo para acelerar mi salida. Me quieren fuera antes de que pueda demostrar que no soy ninguna delincuente.»
III. Reflexión de la redactora: La justicia que nos ignora
Como redactora, y como parte de este colectivo que pone el cuerpo cada día, no puedo callarme ante este cinismo. España presume de una ley que permite la autodeterminación de género, pero esa ley parece detenerse en la frontera. A las mujeres trans migrantes se les exige un «perfeccionismo administrativo» que no se le pide a nadie más.
Nos obligan a cambiar el nombre en nuestros países —con el peligro que eso conlleva en territorios donde ser trans es una condena— para que, cuando lleguemos aquí con los papeles en regla, un funcionario decida que «no somos la misma persona» porque el sistema informático no entiende de tránsitos.
Es una trampa circular:
- Si no cambias el nombre en tu país, no te lo reconocen aquí.
- Si lo cambias y hay un error en el apostillado, te acusan de falsedad.
- Si pides asilo, lo olvidan en un cajón.
- Si hay una discrepancia, te mandan a la Guardia Civil a casa.
Aliss no está sola en esto, pero su caso es el grito de muchas. Su abogada está peleando una apelación y un acto de reposición para explicarle a los jueces lo que debería ser obvio: que Aliss Johanna es Aliss Johanna, antes, ahora y siempre. Que una mujer trans no es una «falsificadora de identidad», es una superviviente de una identidad que el mundo se empeña en borrar. Esta es la realidad que Aliss Johanna Daza ha decidido denunciar para que ninguna otra mujer pase por lo mismo.
Hoy, desde esta mesa de redacción, volvemos a incomodar a quienes firman las órdenes de expulsión desde despachos con aire acondicionado. Aliss llegó buscando vida y le están devolviendo una condena de 15 días. No es un error administrativo; es una decisión política de exclusión.
