La presión internacional y el clamor de las organizaciones de derechos humanos han provocado un giro judicial histórico en el país. Los funcionarios implicados en la redada local LGTBIQ en Venezuela contra los 33 hombres de Valencia están siendo investigados. La Fiscalía General de la República ha abierto un proceso formal contra los agentes de policía. Se les acusa de presunta incitación al odio y trato degradante. Este cambio de rumbo judicial abre una rendija de esperanza en medio de un panorama de acoso constante hacia nuestra comunidad.
El origen del escándalo en Valencia, estado Carabobo.
Los hechos se remontan a un operativo ilegal de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Los agentes asaltaron el club privado Avalon en la ciudad de Valencia. Este spa era un conocido espacio de encuentro de la comunidad. Los uniformados irrumpieron sin ninguna orden judicial. Detuvieron a 33 clientes con acusaciones absurdas de «delitos contra el pudor» y contaminación sónica.
La indignación social fue inmediata tras esta redada local LGTBIQ en Venezuela. Las fuerzas policiales expusieron en internet las fotografías, nombres y pertenencias de las víctimas. Este acto vulneró por completo su derecho a la intimidad. Además, los sometió a un escarnio público brutal que destrozó sus vidas personales y laborales.
Un sistema judicial cuestionado por homofobia.
En el ordenamiento jurídico venezolano no existe el delito de homosexualidad. Sin embargo, los activistas denuncian una realidad muy diferente. La justicia instrumentaliza de manera habitual leyes comunes para criminalizar la diversidad. Tras cada redada local LGTBIQ en Venezuela, los agentes aplican la ley a su antojo. Buscan infundir miedo y justificar la extorsión económica hacia las personas queer.
Esta nueva investigación fiscal a los policías es un paso importante. Aun así, el activismo local se mantiene en alerta. Exigen que el proceso no sea un simple lavado de imagen del Gobierno. Las organizaciones demandan penas reales para los agentes. También exigen una disculpa pública del Estado y una ley de igualdad que impida que estas cacerías vuelvan a repetirse.
Fuentes consultadas :
