Por: Rusly Cachina
Fernanda es historia viva de la liberación LGTBIQ+ en América Latina, aunque el Estado español haya decidido ignorarlo. En 1997, Emelyn Fernanda López Calderón fue una de las valientes precursoras que fundaron la Asociación Coccinelle y lograron derogar el artículo 516 del Código Penal de Ecuador, que castigaba la homosexualidad con ocho años de cárcel. Tras sobrevivir a más de cien detenciones policiales, torturas con electricidad y violaciones sistemáticas en prisiones comunes durante su adolescencia, Fernanda tuvo que huir de su país en 2023 tras denunciar al Estado por delitos de lesa humanidad y ser encañonada por la policía civil en un narcoestado hostil.
Sin embargo, el oasis de derechos humanos que prometía España resultó ser un espejismo de violencia institucional. Tras pasar diez días retenida en condiciones infrahumanas en la T4 del aeropuerto de Barajas, ingresó en un sistema de acogida asfixiante que la empujó al límite de su salud mental. Hoy, de vuelta en Ecuador en un exilio forzado por la desesperación, Fernanda rompe el silencio y denuncia la cara más oscura de la burocracia europea.
I. Del infierno de la tortura al limbo de la T4
"En Ecuador me metieron electricidad, me quemaron con cigarrillos y me clavaron la espuela de un caballo policial. Huí para salvar la vida y en el aeropuerto de Madrid me trataron como a un animal".
— Entrevistadora : Fernanda, eres una de las mujeres que cambió la historia de los derechos humanos en Ecuador, pero tuviste que huir tras denunciar a tus propios verdugos en 2019. ¿Cómo fue tu llegada a España?
Fernanda: Llegué en julio de 2023, con el pie enyesado e inmovilizado tras escapar de un intento de secuestro en mi país. Pensé que España me protegería por el idioma, pero el recibimiento fue horrendo. Me retuvieron entre 10 y 12 días encerrada en las salas de asilo de la T4 del aeropuerto. El trato de la policía fue inhumano; nos gritaban a nosotras y a las compañeras de Somalia como si fuéramos animales. Nos trataban a la patada. Estaba con dolores terribles en la pierna y tardaron cuatro días en llevarme a una enfermería donde solo me dieron una pastilla.
Lo peor vino después. El sistema te sentencia desde el primer día por tu pasaporte. Las abogadas de la organización y el personal te lo dicen claro desde que entras: «No te hagas ilusiones, de Ecuador el porcentaje de aprobación es casi nulo». En España piensan que porque en Ecuador hay matrimonio igualitario y ley de identidad de género sobre el papel, ya estamos protegidas. Pero todo queda en el papel; en la práctica nadie nos respeta. España usa esa excusa legal para cerrarnos la puerta.
II. La vida dentro de una ONG: «El sistema de acogida es una cárcel»
—Entrevistadora : Estuviste ocho meses en Madrid en el sistema de la ONG Rescate antes de marcharte a Barcelona. ¿Cómo es el día a día dentro de estos recursos de protección internacional?
Fernanda: Es una cárcel que te coarta la libertad y destruye tu salud mental. Vivíamos bajo el yugo de normas absurdamente estrictas ordenadas por el Ministerio del Interior. Nos prohibían cosas tan básicas como cocinar o cenar con un chorro de vino, o recibir la visita de una amiga en el salón, ya no hablemos de tener una pareja. Nos controlaban hasta lo que podíamos comprar con los pocos centavos que nos daban para alimentación. Para conseguir una cita con la psicóloga de la fundación estuve ocho meses y solo me vieron dos veces.
Además, había una discriminación por origen brutal. A las personas de Centroamérica (Honduras, El Salvador, Nicaragua) o de Venezuela les daban la resolución favorable a los seis meses de llegar. Pero a las sudamericanas de Ecuador, Colombia o Perú, y a las compañeras africanas, nos dejaban en el limbo durante años, renovando la tarjeta roja sin derecho a nada. En el piso vivía una chica de Siria que ya tenía su estatuto de refugiada aprobado, cobraba 900 euros del Estado, metía hombres a la habitación y no limpiaba. La organización nunca la sancionó por miedo a que ella los demandara. En cambio, a nosotras nos amenazaban con la expulsión inmediata del sistema por cualquier mínimo detalle.
III. La extorsión burocrática y el retorno forzado
"Me exigieron devolver 50 euros de la comida antes de irme. Me puse a llorar en la oficina porque no los tenía y la asistente social me dijo que si no pagaba, el Ministerio del Interior me metería en una lista negra".
— Entrevistadora: La inestabilidad y la falta de perspectivas de futuro te llevaron a un colapso emocional. ¿Cómo se toma la decisión de abandonar el proceso de asilo y regresar al país del que huiste?
Fernanda: Psicológicamente caí al límite. Ver que pasaban los meses, que el permiso de trabajo de la tarjeta roja no te garantiza una integración real porque no hay convenios de empleo tras los cursos, y que todo el personal te repite que tu caso va a ser denegado… Te destroza. Te entra una nostalgia y una desesperación tan grandes que prefieres que te peguen un tiro en tu país antes que seguir mendigando dignidad. Decidí volver a Ecuador porque ya no podía más.
El día que me fui de la organización, la crueldad del sistema se mostró por completo. Me sacaron cuentas de la ayuda de alimentación (219 euros al mes) y, como me iba cinco días antes de cumplir el mes, me exigieron devolver 50 euros en efectivo. Me puse a llorar en la oficina y le pregunté a la asistente social de dónde querían que los sacara, ¿pretendían que fuera a prostituirme a los polígonos industriales para pagárselos? Me dijeron que eran órdenes del Ministerio del Interior y que, si no pagaba, me pondrían en una «lista negra» que arruinaría cualquier opción legal futura. Tuve que llamar a mi hermana a Ecuador para que me prestara ese dinero desde allá. Es un maltrato psicológico constante; te paniquean con la palabra «Ministerio» para someterte.
IV. Reflexión editorial: El racismo institucional del asilo español
El doloroso relato de Fernanda pone al descubierto las costuras de un sistema de asilo español viciado por el racismo institucional y la geopolítica de cuotas. Es inadmisible que una mujer que ostenta cicatrices físicas de tortura estatal en su cuerpo —quemaduras de cigarrillo y desgarros provocados por las espuelas de la policía montada ecuatoriana— sea ignorada por los despachos de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) bajo el burdo pretexto de que su país de origen cuenta con leyes de igualdad en el papel.
España no aplica los criterios de protección de forma individualizada y humanitaria, sino basándose en una jerarquía de nacionalidades que clasifica a las solicitantes en migrantes de primera, de segunda y de tercera categoría. El sistema de acogida, gestionado por ONGs que actúan como brazos ejecutores de las políticas punitivas del Ministerio del Interior, precariza y deshumaniza a las activistas trans del Sur Global, negándoles el soporte psicológico y empujándolas a la clandestinidad, la prostitución o, como en el trágico caso de Fernanda, a un retorno forzado hacia sus propios verdugos. Urge descolonizar las leyes de extranjería; de lo contrario, España seguirá siendo cómplice del borrado y la expulsión de quienes arriesgaron su vida para abrir camino.
Fuentes relacionadas:El borrado administrativo de Aliss Johanna: Cuando el refugio es una trampa tránsfoba
